A primera vista, en México ha habido avances legislativos en la inclusión y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en los últimos años bajo los gobiernos del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Analistas consultados por DW destacan la reforma al artículo 2 de la Carta Magna de 2024, donde se reconoce al país como una nación pluricultural y posiciona a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, un paso simbólico hacia su empoderamiento jurídico.

A esto se añade que, por primera vez, un representante indígena, Hugo Aguilar, preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de una controvertida elección judicial.

Bajo su presidencia, la Corte ha sentado precedentes como la sentencia 129/24, que obliga a una representación indígena plena en cabildos municipales, con voz, voto y acceso a presupuestos.

Sin embargo, en la realidad, poco ha cambiado en la marginalización de los pueblos indígenas. Así lo creen tres representantes de diferentes regiones del país.

Un logro que destaca Abel Berrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero (sur), es el 10 por ciento del presupuesto municipal asignado directamente a pueblos indígenas.

"Con este recurso, las comunidades deciden sobre qué obra van a hacer", dice el activista de derechos humanos del Estado de Guerrero, y destaca su efectividad: "Los pueblos indígenas logran construir más kilómetros de caminos con el presupuesto asignado que los gobiernos municipales", subraya.

Por su parte, Héctor Zaila Enríquez, gobernador tradicional de la comunidad Makurawe en el norteño estado de Sonora, añade que recibió el año pasado unos 236.000 pesos (unos 11.600 euros), que sirvieron para reparar casas viejas para 12 familias, sin embargo subraya que esto ha sido insuficiente. "No se ha avanzado en la construcción de una sola casa nueva en los últimos dos gobiernos (de Morena)", lamenta, en entrevista con DW.

Lo cierto es que la reforma constitucional se queda corta en materia territorial: "El texto menciona el respeto a sitios sagrados y prácticas ancestrales como la milpa -sistema ancestral de cultivo conjunto de maíz, frijol, calabaza chiles, tomates y especies-, pero ignora la primacía indígena en decisiones sobre megaproyectos mineros y concesiones extractivas", deplora Pedro Uc Be, activista maya y escritor en esa lengua prehispánica, en conversación con DW.

Barrera también describe una tensión persistente entre comunidades y grandes explotaciones mineras. "Somos sujetos de derecho, pero sin territorio, con el Estado imponiendo decisiones sobre montes y cenotes (reservorios de agua sagrados para los pueblos mayas)", resume Uc Be, con referencia a la construcción del controvertido Tren Maya, que atraviesa regiones indígenas, selvas y reservas de la biósfera en la península de Yucatán. Denuncia que siguen la destrucción ambiental y las expropiaciones para ramales de carga del Tren Maya bajo la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Tampoco le inspira mucha confianza el papel de Hugo Aguilar en la SCJN. "El ha sido el artífice de la manipulación de las consultas indígenas en el Tren Maya", anota el poeta de Yucatán.

En las tres regiones de donde provienen los entrevistados – Guerrero, Sonora y Yucatán – los indígenas son los que más sufren de los recortes del presupuesto público en salud y educación, destacan los expertos.

"Hay una desatención crónica, con escasez de medicamentos, médicos e infraestructura", describe Barrera la situación en Guerrero. "En educación, las políticas recortan a los más pobres, profundizando desigualdades con analfabetismo, desnutrición y falta de apoyo a pequeños productores".

Zaila describe a su turno que su comunidad vive al lado de una represa que se construyó hace más de una década por petición de la comunidad indígena. Sin embargo "hasta hoy en día, no tenemos acceso al agua ni a la pesca y tampoco han cumplido con la promesa de proyectos turísticos", lamenta.

Ante la ausencia de una respuesta oficial, su comunidad tomó durante varias semanas una instalación del INPI local. "Nunca vino nadie a negociar con nosotros, apostaron al cansancio y hambre", cuestiona el líder indígena.

Como todavía los cambios constitucionales no han sido acompañados por una legislación secundaria, muchos puntos siguen sin clarificarse, lo que, según Barrera, perpetúa la discrecionalidad del Estado y limita el impacto real en los municipios.

Como ejemplo, pone la ausencia en Guerrero, una región bajo acecho del narcotráfico, de una ley que permitiría integrar la policía comunitaria en la política de seguridad, a pesar de que haya "mostrado ser efectiva y cercana a la gente".

Uc Be lamenta, por su parte, que la reforma constitucional no fue consensuada con los pueblos indígenas. "Solamente tomaron las decisiones que ellos piensan correctas, no nos preguntaron nada", comenta a DW.

Eso es grave, ya que, según el pensador maya, hay visiones del mundo muy distintas: "Ellos hablan del patrimonio de los pueblos indígenas, pero nosotros no nos miramos como propietarios, sino como seres de la naturaleza, iguales al monte, las piedras, los cenotes", comenta Uc Be, para quien la reforma constitucional no abordó un tema fundamental para los indígenas: los derechos de la naturaleza.

Zaila, por su lado, se queja de la politiquería que impregna la política indígena. "Se benefician los líderes indígenas que son seguidores del Gobierno, y se castiga e ignora a los opositores y los que levantamos la voz".

Para Uc Be, en el Gobierno de Morena sigue prevaleciendo una visión neocolonialista. Para él, los cambios fueron "cosméticos" y no han transformado en nada la exclusión milenaria de los pueblos indígenas, pero "permiten al Gobierno venderse internacionalmente como progresista".

México, según el último censo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), cuenta oficialmente con 70 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano, distribuidos en 16.114 comunidades en 28 entidades federativas.

(ms)