Los impactos socioambientales derivados del fracking —como la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, el uso excesivo de agua, las emisión de gases de efecto invernadero, deforestación, destrucción de hábitats y sismicidad— han puesto en alerta a países, regiones y pueblos de Europa, Norteamérica y Oceanía.

Así lo documenta el informe “Prohibiciones y moratorias al fracking: legislación comparada”, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el cual estima que en el mundo unos 386 millones de personas viven sobre la superficie zonas de extracción de los yacimientos de esquisto (o shale), que es el sedimentos de roca en la que se encuentra almacenado el gas natural y petróleo.

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El reporte, publicado por primera vez en 2019, indica que, en 2007, Estados Unidos multiplicó la extracción de gas natural de esquisto, a pesar de los daños y riesgos que esta técnica representa para la salud humana, el ambiente y las economías locales.

En los últimos 150 años —indica la AIDA en el documento—, la pérdida de reservas mundiales de petróleo y gas ha llevado a que los gobiernos y las empresas impulsen la extracción de yacimientos no convencionales, sitios con acumulación de hidrocarburos donde el petróleo y gas se encuentran atrapados en rocas y para extraerlos solo se puede hacer con fracking.

Santiago Cané, abogado y miembro de la coordinación de estrategias vinculadas a petróleo y gas en América Latina de la AIDA, recuerda que, en nuestra región, Argentina y México adoptaron el fracking en años recientes. En nuestro país se posibilitó esta práctica desde hace una década, después de la reforma energética que se promulgó el 20 de diciembre de 2013 y fue impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto para el sector energético.

En un artículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se analizó esta reforma y se exploró cómo se abrió la exploración y extracción de hidrocarburos, la refinación del petróleo, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, pero también de sus derivados. En tanto, en Argentina comenzó a utilizarse en 2014, señala.

Vaca Muerta, en Argentina, es un ejemplo de una reserva de gas y petróleo donde ya se observan las consecuencias del uso de fracking. Ese yacimiento petrolífero representa uno de los megaproyectos de hidrocarburos no convencionales más grandes de América Latina y el mundo. Se trata del  segundo más grande con recursos de gas no convencional, según cifras económicas del gobierno argentino.

La formación de Vaca Muerta se encuentra en la Cuenca Neuquina, en el noroeste de la Patagonia. La AIDA subraya que este yacimiento ocupa una superficie de 30 mil kilómetros cuadrados y abarca cuatro provincias argentinas: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.

Matías Cena Trebucq, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, explicó en un artículo de la organización mexicana Energía, Género y Ambiente (Engenera) que, desde 2012, el proyecto Vaca Muerta se presentó como una promesa de desarrollo social y económico que, hasta ahora, no se ha cumplido.

En contraste, el experto alertó que el uso de fracking ya ha generado sismos en lugares en donde jamás se habían registrado, además de que ha afectado la vida de las comunidades al consumir millones de litros de agua y generar toneladas de residuos contaminantes que aún no encuentran un destino responsable.

Un artículo del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), en Canadá, publicado en abril de 2026, presenta 58 restricciones vigentes referentes a la producción de combustibles fósiles en 25 países y 27 jurisdicciones de cuatro continentes. 

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De esa cifra, destaca que nueve países cuentan con prohibiciones y regulaciones, algunas temporales, para usar fracking en la extracción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales. Estos países son: Bulgaria, Colombia, República Checa, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido y Uruguay, este último prohibió la fracturación hidráulica en 2017, pero solo por cuatro años, y creó una Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT) para elaborar un informe sobre la situación global de esta practica.

Los resultados del análisis provienen de una base de datos global sobre restricciones vigentes, vencidas y derogadas para la producción de combustibles fósiles en el mundo.

“Muchos de los países que adoptan estas medidas son pioneros en iniciativas climáticas internacionales centradas en la oferta”, señala el artículo. Incluso, “han combinado límites a la producción nacional con la promoción internacional de una eliminación gradual y controlada de los combustibles fósiles”.

En entrevista con Animal Político, Santiago Cané, abogado y miembro de la coordinación de estrategias vinculadas a petróleo y gas en América Latina de la AIDA, considera que prohibir o limitar el fracking no significa dejar de consumir petróleo o gas de un día para otro. Los territorios que han tomado esa decisión suelen combinar producción convencional, importaciones y otras fuentes de energía.

“Los países que prohibieron el fracking y desarrollaron otras fuentes son los europeos; Francia, España, Alemania, Irlanda han desarrollado (energía) eólica, solar, biomasa”, añade.

En el caso de España, por ejemplo, el Parlamento aprobó la “Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética”, que prohíbe todos los nuevos permisos de exploración y producción de carbón, petróleo y gas.

Por su parte, en 2016 Alemania prohibió la extracción de petróleo y gas con fracking. El país propuso un paquete legislativo de normas y regulaciones que restringe la fracturación hidráulica hasta 2021. Posteriormente, la restricción se prorrogó.

El contenido de ese paquete legislativo sobre el uso de fracturación hidráulica se basa en proteger el medioambiente y la salud humana de los riesgos que conlleva el uso de esta tecnología.

El informe “Prohibiciones y moratorias al fracking: legislación comparada”, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), que mencionamos al inicio, documentó que 15 territorios de diferentes países, regiones y pueblos han prohibido el fracking. Se trata de Francia, Bulgaria y, en el Reino Unido, Irlanda del Norte, Escocia y Gales; además, los Países Bajos y la ciudad de Tasmania, en Australia, así como la provincia de Quebec, en Canadá.

El informe explica, por ejemplo, que en Reino Unido el gobierno sí apoya el fracking, pero los estados de Irlanda del Norte, Escocia y Gales han reconocido los peligros socioambientales de esta técnica y han avanzado en su prohibición.

En tanto, en Estados Unidos, donde comenzó a utilizarse esta técnica en la década de los años 1990 pasa algo similar. Los estados de Vermont, Nueva York y Maryland, así como el condado de Monterey, en California, y la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, formaron coaliciones y movilizaciones sociales que fueron decisivas para lograr las moratorias y prohibiciones contra el fracking. A estas entidades se suma la resistencia de comunidades como los pueblos indígenas Chippewa, de Turtle Mountain, y Banda Oriental, de los Cherokee, las cuales prohibieron el fracking en sus territorios mediante una disposición aprobada por su Consejo Tribal.

En ese contexto, una gran parte de las prohibiciones y moratorias al fracking que documentó la asociación deriva del “principio de precaución” de modo expreso”, es decir, una serie de medidas desprendidas del riesgo de daños graves e irreversibles ocasionados por la técnica y de la incertidumbre sobre la ciencia detrás de ella y acerca del alcance y magnitud de sus impactos.

El especialista Santiago Cané explica que, aunque algunos países de Europa prohíben el fracking porque no quieren causar daños socioambientales en su propio territorio, las multinacionales petroleras europeas sí utilizan esta técnica en países que no son los suyos. 

Algunas de estas empresas son Total Energies, de Francia; Shell y BP, del Reino Unido; Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), de Italia; Repsol, de España; PetroChina, de China, y Saudi Aramco, de Arabia Saudita. Además, están las compañías petroleras de Estados Unidos que operan en América Latina como ExxonMobil y Chevron.

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“Por ese lado tenés todo el sector empresarial, financiero, que apoya el fracking porque es un buen negocio, al menos en términos de acciones y financieros”, señala Cané.

Hablamos de las “empresas y los bancos que invierten y tienen suficiente poder para hacer lobbying (cabildeo) con gobiernos de América Latina, en donde se les propone el fracking como una solución o como algo que puede generar riquezas”, advierte el experto de la AIDA.

El investigador Luca Ferrari Pedraglio, del Centro de Geociencias de la UNAM campus Juriquilla, afirma en una publicación de Gaceta UNAM, que los daños ambientales resultado de la fracturación hidráulica en México existen  hace 50 años, cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzó a utilizar esta técnica para extraer más hidrocarburos de sus yacimientos convencionales.

Ferrari mencionó que, hasta 2020, algunas de las entidades con mayor fracking eran Coahuila (con 24 pozos), Nuevo León (1,798), Tamaulipas (2,064), Veracruz (2,111), Puebla (1,228), Tabasco (21) y Chiapas (uno).

Hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó un análisis sobre el uso de fracturación hidráulica con técnicas sustentables a 17 expertos y expertas de un comité técnico-científico.

“No existe el fracking sustentable. No hay. Existen las mejores prácticas de la industria que logran una reducción significativa de los riesgos y de los daños que producen, pero no existe la tecnología para que sea sustentable. Económicamente no es posible aplicar la poca tecnología que existe para reducir un poco los impactos”, indica al respecto Santiago Cané, abogado de la AIDA.

El especialista  agrega que, en el caso de México, la discusión de fondo no es únicamente de dónde vendría el gas si no hay fracking, sino hacia dónde se dirige la inversión pública y privada. 

“Los recursos podrían destinarse a acelerar la transición energética con energía solar, eólica, almacenamiento y eficiencia energética. así se podría reducir gradualmente la dependencia del gas y del petróleo, ganar soberanía energética y disminuir la vulnerabilidad frente a la geopolítica de los combustibles fósiles”, concluye Cané.