Sus pómulos anchos se mueven con cada gesto, a fuerza de práctica. Sus manos parecen avanzar entre el agua. John Gutiérrez Vásquez lleva 30 años como el único intérprete de lengua de señas de la rama judicial colombiana. Lo llaman el guardián de los sordos.

Su labor consiste en ser el puente comunicativo que garantiza que las personas sordas tengan acceso real a la justicia. Por eso ha recibido dos veces la Medalla Enrique Low Murtra, la máxima distinción de la Fiscalía.

A pesar de que Colombia tiene un marco legal robusto —la Ley 324 de 1996 y la Ley 982 de 2005—, John señala con un dedo sobre la mesa, como clavando un punto, que en la práctica persiste un preocupante desamparo.

En el sistema judicial, la vulneración de derechos a las personas sordas es frecuente por el desconocimiento de los procesos y la falta de intérpretes idóneos. Eso puede derivar en la pérdida de libertad o del patrimonio de personas inocentes que no logran darse a entender. Es por eso que John, aunque preserva la humildad del joven que recibió sus primeros pesos desyerbando los cafetos, camina erguido, orgulloso de su labor.

John nació el 23 de diciembre de 1970 en Bogotá. Se crió en Armenia, Quindío, adonde su madre Alicia Vásquez se trasladó con sus cuatro hijos para alejarse de un entorno de maltrato. Allí creció bajo el cuidado de su madre, su abuela y un tío materno que ejerció como figura paterna.

A sus 18 se unió a la Infantería de la Marina. Entre las selvas de Puerto Leguízamo y San José del Guaviare, y el llano de Arauca, pasaron los seis años en los que se formó como francotirador experto y se desempeñó en combates fluviales. Incluso sobrevivió un accidente aéreo que recita de memoria: “El 10 de febrero de 1991 abordé con otros compañeros el HK1702 de Air Colombia. Subieron 84 militares. El avión despegó y se cayó en Cota, Cundinamarca.”

Con todo, la selva terminó por cansarlo. “Me gustaba, pero no me había leído un libro, no había posibilidad de ir a la universidad, no había mujer, no había hijos, no había nada.” En 1994 se retiró y se fue a Bogotá. Un conocido de la Marina le habló de la Fiscalía General de la Nación, que apenas había sido creada dos años antes. El 24 de noviembre de ese año entró a trabajar como escolta.

El conocimiento de la lengua de señas colombiana llegó por pura curiosidad. Desde su puesto en la avenida Caracas con calle 39, en Bogotá, John veía pasar cada viernes grupos de personas comunicándose con las manos. Un día decidió seguirlos y encontró la Sociedad de Sordos de Bogotá.

La primera vez que fue, tocó la puerta. Nadie abrió. Solo cuando llegó otra persona y activó un timbre que encendía una luz adentro, entendió: nadie podía escucharlo. Cuando logró entrar, lo atendió José Leal, un líder sordo que lee los labios. John le dijo que quería aprender lengua de señas, y aunque José lo cuestionó varias veces, al final, John pagó los 20.000 pesos que valía el primer nivel y no faltó un sábado a la clase.

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“Tuve que coserme la boca”, dice, simbólicamente. Dominar la lengua de señas exigió aprender a comunicar con el cuerpo lo que las palabras no alcanzan a decir: dos ojos entrecerrándose, una ligera ladeación de la cabeza, una mano que describe un espacio enorme o uno diminuto. Hoy esos detalles los lee con precisión de lingüista.

Su primer caso como intérprete ocurrió en 1996, poco después de ser trasladado a Medellín. Sus compañeros lo llamaron de urgencia: necesitaban legalizar la captura de una persona sorda y no tenían cómo comunicarse con ella. John prestó el servicio. La rama judicial comprendió de inmediato lo que tenía.

Desde aquel primer caso, John se convirtió en el recurso indispensable de toda la rama judicial y otras entidades estatales. Lo llaman de la Policía, el Ejército, la Defensoría, la Procuraduría y otros lugares para atender diligencias en todo el país. Conoce 30 de los 32 departamentos.

Lo que lo hace único en todo el país es una combinación que casi nadie tiene: dominio de la lengua de señas colombiana y conocimiento profundo del lenguaje jurídico. Cuando un juez dice que hubo connubio o que algo se colige, John lo interpreta. Si el intérprete no entiende lo que está traduciendo, la persona sorda termina en la cárcel sin saber por qué.

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John dice que hay una triada que forma el nudo que hace que todo falle: operadores de justicia que no conocen el marco normativo de las personas con discapacidad, intérpretes que aceptan ir a una audiencia sin dominar la terminología jurídica, y personas sordas que asienten cuando les preguntan si están entendiendo porque no saben que pueden reclamar. “Están metiendo gente a la cárcel con intérpretes que no saben”, dice sin bajar la voz.

Hace poco, en Pereira, un sordo llevaba meses preso cuando lo llamaron. John hizo la valoración, pasó el informe, y el juez decretó la libertad: el hombre nunca había entendido lo que estaba pasando.

John intentó estudiar derecho en la Universidad de Envigado hasta que le propuso al rector crear un consultorio para personas sordas y recibió una respuesta tajante “No voy a permitir que esta universidad se convierta en una casa de beneficencia de sordomudos.” Salió sin terminar. Intentó después Educación Especial y Psicología, pero ninguna de las dos llegó a buen puerto.

Entonces, en 2020, la Universidad El Bosque lanzó la primera carrera de Intérprete Profesional de Lengua de Señas Colombiana - Español en la historia del país. John tenía 50 años. Dudó, pero su esposa Janette García le dijo que eso era lo que había estado esperando toda la vida, que se atreviera. Ese empujón fue suficiente.

“Cuando empecé a estudiar lengua de señas, no falté a una sola clase en cuatro años y medio.” cuenta.

John está a un año de pensionarse. Cuando se vaya, no quedará nadie en la rama judicial con su formación. Se encoge de hombros cuando se le pregunta qué pasará, pero no es desinterés: es abatimiento. Miles de procesos con personas sordas avanzan con intérpretes no idóneos, y él lo sabe, y no puede hacer nada.

También lo atraviesa su hija Alicia, de 25 años, que tiene discapacidad cognitiva y autismo. Desde que nació, John aprendió todo lo que pudo para acompañarla. Alicia le recuerda, además, que nadie está blindado: cualquier persona puede quedar discapacitada mañana en medio de un accidente. Pero no fue con Alicia que empezó esa sensibilidad —ni siquiera él sabe con exactitud qué lo encaminó— pero confía en que es una misión.

Cuenta, con las manos apretadas sobre el pecho, la historia de dos mujeres que conoció en ciudades distintas: madres solteras, sin subsidio ni pensión, con hijos adultos con parálisis cerebral espástica que llevan a vender arepas porque no los pueden dejar solos. “Las dos me dijeron lo mismo, sin conocerse: yo solo le pido a Dios dos cosas. La primera, que mi hijo se muera antes que yo. La segunda, que si no se muere primero y yo me voy a morir, que me lo haga saber un día antes, porque yo enveneno a mi hijo. Porque yo no le voy a dejar a mi hijo a este Estado.”

A sus 56 años, con tres carreras inconclusas y una a punto de terminar, con 30 años haciendo el trabajo que nadie más sabe hacer, John Gutiérrez no dejará un cargo cuando se pensione. Dejará un hueco que nadie, todavía, ha decidido llenar.